El Gobierno de España declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo de 2020, con ocasión de la pandemia provocada por el COVID-19. Desde entonces, la sociedad española y la madrileña, en particular, han demostrado su alto grado de solidaridad y de capacidad de sacrificio.
Ahora bien, además de lo positivo tenemos el deber moral de indicar lo negativo. Desde SOCISALUD tenemos conocimiento de que, en varias ocasiones, se ha denegado por parte de distintos centros hospitalarios el traslado a los mismos de personas afectadas por el virus alojadas en residencias de ancianos. Sobre este extremo, SOCISALUD desea poner de manifiesto a la ciudadanía lo siguiente:
- El derecho a la salud y a la asistencia médica de toda persona está reconocido en el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el art. 43 de la Constitución Española. - El art. 1 de la Ley General de Sanidad declara que “son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional” - El art. 196 del Código Penal dispone que “el profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente (multa de tres a doce meses) en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años. - Asimismo, el Ministerio de Sanidad, en el Informe sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: El SARS-CoV-2, mantiene que “resulta procedente poner de manifiesto la absoluta proscripción de empleo de criterios fundados en la discriminación por cualquier motivo con la finalidad de priorizar pacientes en dichos contextos. En este sentido, excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales o a determinados tratamientos (por ejemplo, aplicar dicha limitación a toda persona de edad superior a 80 años) resulta contrario, por discriminatorio, a los fundamentos mismos de nuestro estado de derecho (art. 14 Constitución española) …
- En los momentos más duros de esta pandemia, una gran cantidad de recursos sanitarios en centros privados han sido infrautilizados, mientras nuestros mayores morían en las residencias de ancianos (1) Por todo lo expuesto, desde SOCISALUD reclamamos de los responsables sanitarios que no se vuelvan a repetir tan reprobables actitudes ante nuestros mayores, procediendo a adoptar las medidas necesarias en orden a que, en caso de que se produzca nuevamente el colapso hospitalario en los centros de referencia, sean efectivamente derivados a aquellos centros con más recursos, independientemente de su titularidad pública o privada, o de su ubicación geográfica en una u otra Comunidad Autónoma. Las medidas tomadas por el Gobierno de España, en el sentido de poder intervenir en hospitales privados y de centralizar las decisiones en materia sanitaria, facilitan grandemente el que se actúe en este sentido. “La vejez no es cuántos años tienes, sino cómo te sientes”, dijo Gabriel García Márquez. ¿Cómo se sentirán las personas alojadas en residencias de ancianos sabiendo que en caso de emergencia se les considera prescindibles? Sociedad Civil por la Salud (SOCISALUD) Madrid, 14 de mayo de 2020.
ENTIDADES COMPONENTES DE SOCIEDAD CIVIL POR LA SALUD Plataforma de Afectados por Hepatitis C de la Comunidad de Madrid (PLAFHC Madrid) - Instituto para la Investigación Y Formación en Salud (IFSASALUD) - Apoyo Positivo-Federación de Alcohólicos de Madrid (FACOMA) - Asociación de Hemofília de la Comunidad de Madrid (ASHEMADRID) - Organización de Pacientes con Fibrosis Quística de España (OPFQ) - Fundación 26 de Diciembre (F26D) – Fundación sin Daño – Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid